En Bolivia las instituciones públicas son obligadas por ley a utilizar este método de selección. Sin embargo, las empresas privadas también están encontrando en este procedimiento un buen sistema de satisfacer sus necesidades de infraestructura, con originalidad, escogiendo entre varias alternativas, la que cumpla mejor sus expectativas. Éste procedimiento permite que diferentes propuestas sean evaluadas por un jurado calificador de forma anónima, eximiéndolo de cualquier presión, poniendo en valor solamente la calidad de las propuestas.(RVPB)